Un retorno polémico
En un giro inesperado, Provías Descentralizado (PVD), una entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha reinsertado a varios funcionarios vinculados a la gestión del ex presidente Martín Vizcarra. Este movimiento se produce apenas días después de que Segundo Castillo Álvarez asumiera la dirección ejecutiva del organismo en mayo de 2026.
Apenas tomó posesión, Castillo Álvarez comenzó a realizar cambios significativos en el personal, retirando a gerentes y servidores para colocar a aquellos de su confianza. Este proceso ha generado preocupación entre los observadores, dado que al menos cinco de los nuevos nombramientos están relacionados con el periodo 2019-2021, cuando Carlos Revilla, actualmente bajo investigación por corrupción, dirigía PVD.
Revilla es uno de los principales investigados en un caso conocido como ‘Los Intocables de la Corrupción’, donde se le acusa de coordinar licitaciones fraudulentas con empresarios peruanos y chinos. Testigos protegidos han señalado su implicación junto con otros funcionarios como Alcides Villafuerte, quien ocupaba el cargo de gerente de obras, y Elizabeht Ugarte, responsable de administración.
A pesar del contexto sombrío, varios ex colaboradores cercanos a Revilla han sido reinstalados en posiciones estratégicas dentro del PVD. Por ejemplo, Janina Espinoza Torres, quien fue administradora de contratos durante la gestión anterior, ahora forma parte del nuevo directorio. Espinoza estuvo involucrada en una licitación millonaria que ha sido objeto de controversia por presuntas irregularidades.
Asimismo, Marisol Martínez Gambini, quien trabajó en Recursos Humanos bajo Revilla, ha sido nombrada jefa del área desde mayo pasado. Su departamento fue crucial para canalizar el ingreso de personal afín al ex presidente Vizcarra durante su mandato como gobernador regional.
A pesar de las advertencias emitidas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción sobre ciertos funcionarios mencionados en investigaciones previas, las decisiones tomadas por Castillo Álvarez parecen ignorar estas recomendaciones. En septiembre pasado, se solicitó información sobre 28 empleados vinculados al escándalo; sin embargo, no se tomaron medidas efectivas para evitar su reintegración.
A medida que estos antiguos funcionarios regresan al PVD bajo nuevas designaciones, surge una pregunta crítica: ¿cómo afectará esto la transparencia y eficiencia dentro del organismo? La comunidad espera respuestas claras mientras las sombras del pasado continúan acechando a esta unidad ejecutora clave para el desarrollo vial del país.
