Un pedido de remoción que sacude el Congreso
La política peruana se encuentra en un momento crítico tras la presentación formal, el pasado 21 de septiembre, de un pedido de remoción contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Este movimiento ha generado un intenso debate en el Senado, donde se cuestiona la capacidad y las declaraciones recientes de Gutiérrez sobre la disolución del Congreso.
En agosto, durante una entrevista en Canal N, Gutiérrez sugirió que si Keiko Fujimori decidiera cerrar el Congreso, podría contar con un respaldo popular superior al 80%. Esta afirmación ha sido interpretada por algunos senadores como un atentado contra la Constitución y ha servido como base para solicitar su destitución. Además, Gutiérrez argumentó que tal disolución podría representar un ahorro significativo para el Estado, estimando hasta S/ 3.000 millones anuales.
El documento presentado ante la presidencia del Senado califica las acciones de Gutiérrez como “falta grave” por negligencia en sus deberes. Las acusaciones no solo se limitan a sus declaraciones políticas; también incluyen denuncias sobre irregularidades en contrataciones dentro de su institución. La Contraloría General ha señalado que varios empleados fueron designados sin la experiencia necesaria.
Para que el pedido prospere, se requieren al menos 40 votos a favor en el Senado. Actualmente, los bloques firmantes suman 30 votos y necesitan apoyo adicional de otras bancadas como Fuerza Popular o Renovación Popular. Sin embargo, estas agrupaciones aún no han definido su postura respecto a este tema delicado.
Expertos constitucionalistas han expresado opiniones divididas sobre si las acciones de Gutiérrez constituyen una falta grave según lo estipulado por la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Mientras algunos consideran que sus comentarios son desafortunados pero no justifican una remoción, otros argumentan que su comportamiento negligente es evidente tanto por sus declaraciones como por las contrataciones irregulares.
Si finalmente se lleva a cabo esta remoción, sería un hecho sin precedentes en Perú: sería la primera vez que un defensor del Pueblo es destituido antes de finalizar su mandato. Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro institucional y los límites entre las funciones del defensor y las dinámicas políticas actuales.
