Un informe que genera dudas
La agrupación política Juntos por el Perú (JP) se encuentra en el centro de una polémica tras la presentación de sus informes financieros ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según los datos revelados, la campaña presidencial liderada por Roberto Sánchez reportó ingresos totales de solo S/194.030,27, todos ellos en especie y sin un solo aporte en efectivo.
A pesar de que la tesorera de JP, Luzmila Ayay, había admitido públicamente que la agrupación recaudó más de S/700 mil tras la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, este monto no aparece en los informes presentados a la ONPE. Este hecho ha generado inquietud entre especialistas en derecho electoral, quienes advierten sobre las posibles implicancias legales que podría enfrentar el partido.
El escándalo se intensifica al considerar que los aportes recibidos a través de plataformas como Yape deberían haber sido reportados. Alejandro Rospigliosi Vega, abogado constitucionalista, enfatiza que cualquier ingreso destinado a actividades electorales debe ser declarado. La falta de transparencia podría llevar a una investigación administrativa y potencialmente a consecuencias penales para los responsables.
Los expertos coinciden en que esta situación refleja una inconsistencia grave entre lo recaudado y lo informado. José Tello, presidente del Instituto AKLLA Perú, subraya que es imperativo esclarecer por qué no se reportaron esos fondos significativos. La ONPE ya ha comenzado a tomar nota del asunto y podría requerir explicaciones formales al partido.
A pesar de las irregularidades financieras, algunos aportes individuales han sido destacados: Carlos Herasmo Rosas Linares lidera con un aporte significativo para materiales promocionales; Luz Orfelinda Ayala Salazar contribuyó con chalecos y banderolas; mientras que Darwin Avendaño Tuanama ofreció servicios logísticos para eventos. Sin embargo, todos estos montos son considerados como donaciones en especie y no compensan la falta de ingresos monetarios directos.
A medida que avanza esta controversia, queda claro que Juntos por el Perú deberá enfrentar un escrutinio público considerable. La presión sobre sus líderes para aclarar estas discrepancias aumentará conforme se desarrollen las investigaciones pertinentes. La falta de claridad financiera puede tener repercusiones significativas no solo para el partido sino también para su imagen pública y futura viabilidad política.
