Un inicio polémico en el Ministerio de Educación
Jorge Marticorena, quien asumió recientemente como ministro de Educación en Perú, se encuentra en el centro de una controversia tras la revelación de una sentencia judicial relacionada con pensiones alimenticias. En su declaración jurada presentada el pasado lunes 6, Marticorena admitió que un fallo de la Corte Superior de Justicia de Ica ordenó la retención del 24% de sus ingresos mensuales para cumplir con sus obligaciones alimentarias.
El proceso legal contra Marticorena comenzó en 2019 cuando la demandante solicitó un aumento en la pensión alimentaria a favor de su hija. Inicialmente, el juzgado estableció una retención del 20% sobre sus remuneraciones como docente principal en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Sin embargo, este porcentaje fue posteriormente incrementado al 24% tras varias apelaciones y revisiones judiciales.
En octubre de 2022, el Segundo Juzgado de Paz Letrado emitió un oficio dirigido a la Presidencia del Congreso, ordenando que se llevara a cabo el descuento mensual correspondiente. Este documento especificaba que los montos debían ser depositados en una cuenta bancaria a nombre de la demandante y solicitaba información sobre las boletas y planillas salariales desde julio del 2021 hasta septiembre del 2022.
A pesar de las implicaciones legales que enfrenta, Marticorena ha continuado participando activamente en eventos oficiales. Recientemente estuvo presente en un foro sobre minería junto al presidente José María Balcázar, lo que ha generado críticas sobre su capacidad para desempeñar funciones ministeriales mientras lidia con este asunto legal.
Aún no se ha recibido respuesta oficial por parte del ministro respecto a las acusaciones y el proceso judicial que lo involucra. La falta de comentarios podría interpretarse como una estrategia para evitar desviar la atención pública hacia su gestión al frente del Ministerio.
A medida que avanza su mandato, será crucial observar cómo esta situación impactará no solo su imagen personal sino también las decisiones políticas dentro del sector educativo. La transparencia y responsabilidad son fundamentales para mantener la confianza pública en un momento donde los desafíos educativos son significativos.
