Un escándalo electoral en el horizonte
Las elecciones generales de 2026 en Perú han sido objeto de controversia tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República, que expone serias irregularidades en la gestión del material electoral. El documento, fechado el 14 de abril, dos días después de los comicios, incluye testimonios del subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang Sánchez.
Según las declaraciones de Phang, la ONPE adquirió más de 30 mil laptops, impresoras y módems para su uso en Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, estos equipos no fueron distribuidos a tiempo debido a una serie de contratiempos logísticos. La entrega estaba programada entre el 20 de marzo y el 4 de abril, pero se retrasó hasta el 7 de abril.
El funcionario reveló que se tuvieron que replegar 5441 kits, compuestos por laptops e impresoras utilizadas durante las capacitaciones previas a las elecciones. Este repliegue no estaba contemplado en el Plan Operativo Electoral (POE) y resultó en una distribución tardía justo antes del día electoral.
A medida que se acercaba el día D, Phang recibió un nuevo cronograma por parte del exgerente José Samamé. Este plan indicaba plazos poco realistas para la distribución del material electoral. A pesar de las advertencias sobre los tiempos necesarios para cumplir con estas entregas, Samamé insistió en seguir adelante con un plan que podría comprometer la integridad del proceso electoral.
No solo hubo problemas con los equipos informáticos; también se reportaron errores graves en los materiales electorales. En uno de los colegios, Chinchaysuyo, se envió por error un cartel con candidatos equivocados. Esto pone aún más presión sobre la ONPE y sus procedimientos logísticos.
A raíz del informe revelador, José Samamé fue detenido bajo sospecha por presunta omisión de funciones. Las implicaciones legales podrían extenderse a otros funcionarios involucrados si se determina que hubo negligencia o mala fe durante el proceso electoral.
Marco Sayán, representante de SIVCORP —la empresa proveedora— indicó que aunque los equipos fueron entregados a tiempo, hubo problemas técnicos como enchufes faltantes o incompatibles que contribuyeron al caos logístico. Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría, también enfatizó cómo estos fallos han afectado gravemente las instalaciones necesarias para llevar a cabo unas elecciones efectivas.
