La inseguridad como prioridad nacional
El 70% de los peruanos considera la inseguridad como su principal preocupación, una cifra alarmante que coloca al país en el primer lugar entre naciones con inquietudes similares. Este contexto se agrava por un aumento significativo en las denuncias de extorsión, que se han multiplicado por diez en los últimos cinco años, lo que ha llevado a la población a exigir respuestas más contundentes de sus líderes políticos.
A pesar de la gravedad de la situación, las propuestas presentadas por los principales partidos políticos, como Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP), han sido criticadas por su falta de profundidad y efectividad. Las iniciativas parecen no abordar adecuadamente las debilidades estructurales del sistema de seguridad peruano, incluyendo la crisis operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el colapso del sistema penitenciario.
La PNP enfrenta serias limitaciones operativas debido a un presupuesto que ha caído un 10% en términos reales para 2026, alcanzando su nivel más bajo en una década. Esto afecta directamente su capacidad para mejorar infraestructura y equipamiento. Según datos del Ministerio del Interior, más del 50% de las comisarías carecen de servicios básicos adecuados, lo que limita su funcionalidad. Solo FP ha propuesto reforzar esta infraestructura mediante la construcción de comisarías “sostenibles”, aunque sin especificar detalles claros sobre este plan.
La situación carcelaria es igualmente preocupante; con más de 100 mil internos en un sistema diseñado para albergar solo 40 mil, se enfrenta una tasa alarmante de sobrepoblación del 150%. Mientras FP propone construir nuevos penales para aliviar esta carga, tanto JPP como RP no presentan soluciones concretas al hacinamiento existente. Además, la confianza ciudadana hacia la PNP es crítica: actualmente se sitúa en un escaso 13%, con cifras aún más bajas en regiones afectadas por actividades ilegales.
Otro aspecto crucial es la limitada coordinación entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Durante el primer trimestre de 2026, solo se sentenció a 101 personas tras casi seis mil denuncias por extorsión. Esta brecha entre denuncias y condenas refleja una impunidad preocupante que debe ser abordada urgentemente. Las propuestas para crear unidades especializadas contra delitos específicos son pasos positivos; sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, queda claro que enfrentar la inseguridad será uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno. Con costos económicos estimados en aproximadamente 2.2% del PBI, es evidente que cualquier estrategia debe ser integral y coordinada entre todas las entidades involucradas. La alta rotación de autoridades también juega un papel crucial; con dieciocho ministros del Interior en cinco años, es difícil establecer políticas sostenibles que generen confianza pública.
