Un llamado a la acción legislativa
En un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presentó ante la Comisión de Constitución del Senado para solicitar la incorporación de facultades legislativas que fueron excluidas en un dictamen previo aprobado por la Cámara de Diputados. Esta solicitud se produce tras 73 días de gestión, donde el primer ministro ha enfatizado la necesidad urgente de fortalecer las capacidades del Estado frente a las bandas criminales.
Durante su intervención, Galarreta destacó que solo se aprobaron 20 facultades en seis áreas, muy por debajo de las ocho materias que contemplaba el proyecto original. “¿Se pueden hacer cosas sin facultades? Sí y se hacen desde el día uno sobre la seguridad y el fenómeno El Niño”, afirmó, subrayando que una mayor capacidad en inteligencia permitiría reducir los riesgos para los efectivos policiales y militares que enfrentan directamente a estas organizaciones delictivas.
Uno de los puntos más controversiales en su exposición fue la propuesta de declarar a las bandas criminales como grupos hostiles. Según Galarreta, esta medida permitiría a las Fuerzas Armadas actuar con mayor contundencia contra ellas. “Estamos en guerra”, afirmó, justificando así una intervención más agresiva en casos relacionados con tráfico ilícito de drogas, terrorismo y minería ilegal.
Acompañado por el ministro Marco Vinelli, quien detalló las facultades excluidas del dictamen anterior, Galarreta también abordó temas cruciales como la reforma agraria. Vinelli explicó que es fundamental modificar leyes relacionadas con titulación y sanidad agraria para agilizar procesos que actualmente tardan más de 400 días. Con los cambios propuestos, este tiempo podría reducirse a solo 90 días.
A pesar del enfoque proactivo del gobierno, la presentación generó tensiones entre los legisladores. Algunos miembros de izquierda cuestionaron abiertamente las intenciones detrás de estas solicitudes. Humberto Morales, representante de Juntos por el Perú, expresó su frustración al afirmar que se estaba agotando “la paciencia democrática” respecto al manejo legislativo actual. Este intercambio culminó en un acalorado debate con la senadora Lourdes Alcorta.
A medida que avanza esta discusión legislativa crucial, queda claro que el gobierno está decidido a tomar medidas drásticas frente al crimen organizado y otros desafíos sociales. La respuesta del Senado será determinante no solo para definir el rumbo inmediato del país en términos de seguridad pública sino también para establecer un precedente sobre cómo se gestionan las crisis nacionales.
