Medidas excepcionales para combatir la criminalidad
El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del país, una decisión que busca reforzar la seguridad y desmantelar las operaciones de organizaciones criminales que operan desde dentro de las cárceles. Esta medida se implementa en un contexto donde cerca del 50% de los internos están vinculados a actividades delictivas.
Como parte de esta declaración, se han suspendido temporalmente ciertos derechos constitucionales en las áreas afectadas. Esto incluye restricciones a la libertad de tránsito, el derecho a reunión y la seguridad personal, lo que permitirá a las autoridades llevar a cabo controles más estrictos y efectivos.
Los agentes encargados realizarán controles exhaustivos en los puntos de acceso y llevarán a cabo labores de inteligencia para detectar posibles amenazas. Además, se implementarán operativos permanentes con el objetivo de identificar y retirar objetos prohibidos dentro de los recintos penitenciarios. En colaboración con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se buscará decomisar teléfonos celulares, armas y otros elementos que faciliten actividades ilícitas.
Diversos antecedentes han llevado al Gobierno a tomar esta decisión. En enero, una requisa en el penal Challapalca resultó en la incautación de un celular, un cargador y un router ocultos entre otros objetos. Este operativo fue parte del esfuerzo por neutralizar extorsiones y otras actividades ilegales.
En otro caso significativo, el penal Cochamarca reportó hallazgos alarmantes: durante una inspección realizada el 12 de marzo, se encontraron celulares y armas escondidas en un baño. Posteriormente, agentes excavaron detrás del área de cocina tras recibir información sobre posibles contrabandos y descubrieron una caja enterrada con más dispositivos electrónicos.
No menos impactante fue la situación en el penal Miguel Castro Castro, donde las autoridades tuvieron que romper parte del muro en la zona de duchas para acceder a una “caleta” clandestina que contenía dos celulares. Durante otra intervención extraordinaria se encontraron más dispositivos electrónicos junto con botellas de licor artesanal y otros objetos prohibidos.
A medida que estas medidas entran en vigor, los cinco penales seleccionados estarán bajo vigilancia constante para evitar que continúen siendo utilizados como centros operativos por organizaciones criminales. La lucha contra este fenómeno es crucial para garantizar la seguridad ciudadana y restaurar la confianza pública en las instituciones penitenciarias.
