La controversia persiste en el Congreso
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) ha lanzado una alerta sobre el estado actual del Proyecto de Ley N° 00043/2026-2031-CD, impulsado por el diputado Aldo Bravo. A pesar de que Bravo había declarado su intención de retirar la propuesta, la ANP sostiene que esta continúa activa en el Congreso, habiendo sido derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Este proyecto legislativo busca imponer sanciones penales severas para aquellos que realicen apología al delito durante crisis políticas o conflictos sociales. Las penas propuestas oscilan entre cuatro y cinco años de prisión, lo que ha generado un amplio rechazo entre los gremios periodísticos y defensores de las libertades civiles.
La ANP no ha sido la única organización en expresar su preocupación. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) también se ha manifestado en contra del proyecto, apoyando firmemente el pedido para su retiro inmediato. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el CPP enfatizó que esta iniciativa no solo afecta a los periodistas, sino también a la ciudadanía en general.
“El CPP se suma al pedido de retiro efectivo de esta iniciativa legislativa que afecta no solo a la prensa sino a la ciudadanía en general”
Aldo Bravo había justificado su decisión inicial para retirar el proyecto argumentando que deseaba evitar desviar la atención del Congreso hacia otros temas prioritarios como el aumento de la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño. Sin embargo, con este nuevo giro, queda claro que su anuncio no ha tenido efecto alguno sobre el trámite legislativo.
Diversos analistas han señalado que este tipo de legislación podría poner en riesgo gravemente las libertades informativas en Perú. La posibilidad de sanciones penales por informar o expresar opiniones podría llevar a una autocensura entre los medios y periodistas, limitando así un pilar fundamental en cualquier democracia.
#ALERTA: Pese al anuncio público del diputado Bravo sobre el retiro del PL, este sigue vigente. Demandamos su retirada inmediata.
A medida que avanza este proceso legislativo, tanto la ANP como otras organizaciones seguirán vigilantes ante cualquier desarrollo relacionado con este controvertido proyecto. La presión social y mediática será crucial para asegurar que se respeten las libertades fundamentales dentro del país.
