Una decisión polémica
El Pleno del Congreso de Perú ha tomado una decisión significativa al aprobar la inhabilitación por diez años de Delia Espinoza, exfiscal de la Nación. Esta medida, que se produce en medio de un clima político tenso, ha generado reacciones encontradas entre los legisladores y la opinión pública.
La votación, que tuvo lugar el pasado jueves, resultó en 70 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. Este resultado fue posible gracias a una reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya, quien había impulsado esta sanción tras una primera votación fallida en marzo. La presión sobre el Parlamento para actuar contra Espinoza ha crecido considerablemente desde entonces.
La inhabilitación se basa en las denuncias constitucionales 563 y 618, formuladas por los congresistas Yorel Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi. Estas denuncias cuestionan las acciones de Espinoza al presentar cargos contra once parlamentarios por su voto favorable a un proyecto de ley relacionado con pensiones y remuneraciones para exintegrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
A lo largo del debate, se discutió si las acciones de Espinoza vulneraron principios fundamentales como la inviolabilidad parlamentaria, consagrada en el artículo 93 de la Constitución Política. Montoya argumentó que permitir tales denuncias podría poner en peligro este principio esencial del sistema democrático peruano. Por otro lado, los defensores de Espinoza sostuvieron que su papel como fiscal le otorgaba el derecho constitucional para llevar a cabo tales denuncias.
No es la primera vez que Delia Espinoza enfrenta sanciones por parte del Congreso. En diciembre de 2025, ya había sido inhabilitada por diez años debido a infracciones similares. Además, se le había abierto una causa penal por diversas irregularidades relacionadas con su gestión como fiscal.
A medida que avanza este caso, surgen preocupaciones sobre cómo estas decisiones impactan el equilibrio entre los poderes del Estado. La capacidad del Ministerio Público para actuar sin interferencias políticas es fundamental para mantener un sistema judicial independiente y eficaz.
