Operativo contra la corrupción en la Policía Nacional del Perú
El Ministerio Público ha llevado a cabo un operativo de gran envergadura que resultó en el allanamiento de ocho inmuebles relacionados con una investigación sobre el presunto direccionamiento de contratos destinados al suministro de alimentos para la Policía Nacional del Perú (PNP). Este escándalo involucra a cinco efectivos policiales y dos civiles, quienes están bajo sospecha por colusión agravada.
La pesquisa se centra en miembros de la División de Seguridad de Penales, específicamente dentro de la Dirección de Seguridad Integral (Dirseint PNP). Se les acusa de haber utilizado sus posiciones para manejar directamente los fondos asignados a la alimentación del personal policial, facilitando así contrataciones favorables a una empresa proveedora específica.
Entre los policías investigados se encuentran Luis Santos, exjefe de dicha división, junto con sus colegas Godfredo Villavicencio, José Piscoya, y Luis Larrea. Además, se menciona a un particular, José Miranda, quien trabaja para Proveeduría Pilema S.A.C., empresa que supuestamente se benefició del esquema corrupto.
La Fiscalía también está indagando sobre posibles incumplimientos en los controles administrativos durante estos procesos. Un aspecto clave es el vínculo entre Cynthia Vásquez, jefa de Logística de la División mencionada, y Julia Miranda, identificada como proveedora. La hipótesis sugiere que esta relación pudo haber facilitado el favorecimiento hacia Proveeduría Pilema S.A.C.
Los allanamientos se realizaron simultáneamente en diversas localidades como Los Olivos, Carabayllo, Rímac, Comas, San Martín de Porres y el Callao. En total, participaron 12 fiscales y seis asistentes judiciales, apoyados por equipos especializados como la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP. Durante las diligencias se registraron e incautaron bienes relevantes para el caso.
A medida que avanza esta investigación, las autoridades esperan analizar toda la información recopilada para determinar si existió una concertación entre funcionarios públicos y particulares con el fin de manipular las contrataciones. Este escándalo pone nuevamente en tela de juicio los mecanismos internos dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.
