Reformas que amenazan la minería formal
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha expresado su firme oposición a las recientes modificaciones a la Ley General de Minería, las cuales fueron aprobadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano. Según la SNMPE, estas reformas no solo carecen de fundamento para fortalecer el régimen de concesiones mineras, sino que podrían paralizar el desarrollo del sector formal en el país.
En un comunicado oficial, la SNMPE alertó que el dictamen aprobado podría llevar a una contracción significativa de las inversiones, poniendo en riesgo una cartera de proyectos mineros valorada en 63 mil millones de dólares. Este escenario plantea serias dudas sobre la viabilidad futura del sector minero peruano.
Los representantes de la SNMPE denunciaron que los argumentos utilizados por los autores del dictamen son engañosos. Aseguran que se ha afirmado erróneamente que “todo el territorio nacional está concesionado” o que existen “concesiones ociosas”. En realidad, solo un 16% del territorio nacional está actualmente concesionado, lo cual contradice las afirmaciones realizadas.
Uno de los puntos más controversiales es la propuesta para reducir el plazo necesario para poner en operación un proyecto minero, pasando de 30 a 15 años. La SNMPE argumenta que esta medida demuestra un desconocimiento profundo por parte de los legisladores sobre los procesos involucrados en el desarrollo minero. Actualmente, llevar a cabo un proyecto puede tomar hasta 40 años, debido a trámites y permisos complejos que pueden extenderse por más de 11 años.
Además, las nuevas disposiciones contemplan incrementos significativos en los derechos de vigencia y penalidades, con aumentos potenciales del 300% y 400%, respectivamente. Estas medidas son vistas como una amenaza directa a la competitividad del sector minero peruano frente a otros países como Sudáfrica, Chile y Canadá.
A través del comunicado, la SNMPE hizo un llamado al Congreso para reconsiderar estas reformas perjudiciales. Exhortaron a los legisladores a enfocarse en normativas que beneficien al sector productivo y contribuyan al crecimiento socioeconómico del Perú. También instaron a avanzar con la Ley Mape (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Mediana Minería), actualmente postergada.
