El dilema de la inversión en salud
El Ministerio de Salud (Minsa) enfrenta un reto crucial: persuadir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la rentabilidad de invertir en el sector salud. Esta tarea no solo se basa en el argumento moral de salvar vidas, sino que también se fundamenta en la necesidad de evitar costos futuros y fomentar la productividad laboral.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha proporcionado datos que respaldan esta postura. Según sus estimaciones, cada dólar invertido en intervenciones costo-efectivas para prevenir enfermedades no transmisibles puede generar hasta siete dólares en beneficios sociales, incluyendo mayor empleo y productividad. De hecho, se ha sugerido que una inversión adicional de tres dólares por persona al año podría traducirse en enormes beneficios económicos hacia 2030.
A pesar de estas evidencias, las cifras son alarmantes. Un análisis del Seguro Integral de Salud revela que entre 2022 y 2024, cerca de un millón de personas padecían diabetes y aproximadamente 2.5 millones sufrían hipertensión. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje recibía el tratamiento adecuado. La falta de atención a estas condiciones puede resultar extremadamente costosa a largo plazo, ya que complicaciones como insuficiencia renal o infartos son consecuencia directa del mal manejo inicial.
El cáncer también ilustra este problema. La vigilancia epidemiológica del Minsa indica que muchos casos se detectan en etapas avanzadas; por ejemplo, el 75% de los casos registrados de cáncer de próstata llegan a atención médica en estado terminal. Esto implica tratamientos más complejos y costosos, además de reducir las posibilidades de recuperación.
No obstante, hay un aspecto crítico que el Minsa debe abordar: demostrar una gestión eficiente del presupuesto asignado. Actualmente, la trazabilidad del uso del dinero es insuficiente; es esencial saber cómo se utilizan los recursos y qué resultados generan. Por ejemplo, cuando un médico prescribe un medicamento no disponible, esto crea una demanda insatisfecha que no queda registrada adecuadamente.
Este ciclo vicioso—donde las necesidades no atendidas desaparecen del radar—debe romperse para mejorar la planificación presupuestaria y evitar desabastecimientos recurrentes. Implementar un sistema robusto que permita seguir el rastro del dinero y los medicamentos es fundamental para reducir la corrupción e ineficiencia dentro del sistema sanitario.
La discusión entre el Minsa y el MEF debería centrarse en cuatro preguntas fundamentales: ¿Qué intervenciones ofrecen mayor retorno social? ¿Qué costos podemos evitar? ¿Qué resultados podemos garantizar? ¿Cómo aseguramos que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan?
El ministro de Salud tiene ante sí un doble desafío: convencer al MEF sobre la importancia vital y económica de invertir en prevención y atención primaria mientras demuestra una gestión eficiente del presupuesto actual. Aumentar los fondos sin mejoras tangibles no constituye una política sanitaria efectiva; lo esencial es asegurar que cada sol invertido contribuya a prevenir enfermedades y proteger a las familias.
