Un cambio legislativo que genera inquietud
La reciente aprobación de un dictamen en la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano ha encendido las alarmas en el sector minero. La propuesta, que busca reducir el plazo de caducidad de las concesiones mineras sin actividad de 30 a 15 años, ha sido objeto de críticas por parte de expertos en la materia. César Riofrío, geólogo senior y miembro del comité organizador del evento proEXPLO 2026, ha manifestado su preocupación sobre cómo esta medida podría afectar el desarrollo sostenible y responsable de los proyectos mineros en el país.
Riofrío subraya que el tiempo promedio necesario para llevar un descubrimiento mineral a producción es considerablemente mayor al nuevo límite propuesto. Según sus estimaciones, a nivel mundial este proceso puede tardar alrededor de 28 años, mientras que en Perú, debido a la burocracia existente, este plazo se extiende entre 40 y 55 años. Por lo tanto, exigir actividad productiva dentro de un periodo tan corto podría resultar inviable.
El geólogo también destaca que los nuevos yacimientos suelen estar más profundos y pueden presentar características más complejas que requieren procesos metalúrgicos avanzados. “Lo que hoy se considera ‘ocioso’ podría ser una reserva estratégica o un proyecto en fase intensiva de exploración”, explica Riofrío. Esta complejidad técnica implica que la exploración inicial puede llevar entre cuatro y cinco años solo para completar estudios preliminares.
Aparte del impacto técnico, Riofrío advierte sobre las repercusiones legales. Si una concesión caduca tras 15 años sin actividad, esta pasaría a estar disponible para terceros mediante remate o solicitud directa. Sin reformas adicionales que simplifiquen los trámites administrativos, esto podría resultar en un aumento significativo de concesiones caducadas por razones burocráticas más que geológicas.
A juicio del experto, cualquier intento por revitalizar el sector minero debe ir acompañado de cambios estructurales profundos. Desde el descubrimiento hasta la operación efectiva pueden requerirse entre 200 y 400 permisos, involucrando hasta 19 entidades públicas diferentes. Sin una ventanilla única y plazos claros, reducir la vigencia de las concesiones sería prácticamente inviable para los inversores formales.
A medida que crece la demanda global por minerales estratégicos, Riofrío enfatiza la necesidad urgente de garantizar condiciones regulatorias adecuadas para evaluar correctamente el potencial mineral del país. De no hacerlo, Perú corre el riesgo no solo de perder oportunidades valiosas sino también su competitividad en un mercado internacional cada vez más exigente.
