Un llamado a la acción fiscal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha lanzado una alerta sobre el estado de las cuentas fiscales del Perú, tras la publicación del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. Este documento revela que las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso en los últimos años podrían costar al país hasta S/50 mil millones para 2027, un escenario que plantea serios desafíos para la sostenibilidad económica.
Según el MEF, el aumento de estas medidas legislativas ha generado un “efecto adverso” en las finanzas públicas. La institución reconoce que es crucial implementar reformas que mejoren la calidad del gasto público, enfocándose tanto en su eficiencia como en su rigidez. Esta situación exige una revisión exhaustiva del marco macrofiscal para asegurar que no se comprometa la solvencia fiscal a largo plazo.
Para abordar estos retos, el MEF planea introducir una nueva senda de convergencia fiscal mediante una iniciativa legislativa. Este enfoque busca anclar las expectativas económicas y garantizar niveles sostenibles de deuda pública. Sin embargo, no solo se limitará a modificar la regla fiscal; también se prevé mejorar otros aspectos del marco macrofiscal, incluyendo la gestión de ‘buffers’ fiscales y metodologías para evaluar riesgos a mediano y largo plazo.
A pesar del diagnóstico preocupante, el MEF enfatiza que sin una nueva ley de consolidación fiscal, el Marco Macroeconómico deberá seguir los parámetros actuales del déficit fiscal. Para este año, se espera un déficit del 1.8% del PBI, con proyecciones que indican una reducción al 1.4% para 2027 y al 1% entre 2028 y 2030.
Aparte de los ajustes fiscales necesarios, el MEF también subraya la importancia de cerrar la brecha de incumplimiento tributario. Esto implica modernizar la administración tributaria y adoptar un enfoque basado en riesgos para mejorar la recaudación sin aumentar tasas impositivas ni cargar más a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.
El proceso será evaluado integralmente con apoyo técnico de organismos especializados y autónomos. Se impulsarán acciones orientadas a reducir la rigidez del gasto público e implementar mecanismos constitucionales que protejan el equilibrio fiscal frente a normas perjudiciales.
