Un giro inesperado en la legislación minera
En una decisión que podría cambiar drásticamente el panorama de la minería formal en Perú, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que busca modificar las concesiones mineras. Este movimiento se produce en medio de una crisis política tras la caída del gabinete Miralles, lo que ha generado preocupación entre los actores del sector.
La iniciativa fue respaldada por 11 votos a favor, con solo un voto en contra y tres abstenciones. Su objetivo declarado es “fortalecer el régimen de concesiones mineras”, pero expertos advierten que podría facilitar el acceso a mineros informales o ilegales a áreas actualmente bajo concesión.
El dictamen propone medidas drásticas, como reducir el plazo para iniciar producción de 30 a 15 años, eliminar el carácter irrevocable de las concesiones y aumentar hasta un 300% los pagos por derechos de vigencia. Estas acciones han sido calificadas como un ataque directo a la inversión formal en minería.
Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señala que estas propuestas “desincentivan claramente la actividad minera formal”. Además, enfatiza que el argumento central del dictamen se basa en premisas erróneas sobre la monopolización de las concesiones por parte de grandes empresas mineras.
A pesar del respaldo político recibido por el dictamen, todas las entidades técnicas consultadas se manifestaron en contra. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que los proyectos asociados al dictamen no son técnicamente viables. Sin embargo, esto no impidió su aprobación inicial.
A medida que este controvertido dictamen avanza hacia su discusión en el Pleno del Congreso, los especialistas hacen un llamado a revisar sus implicaciones desde una perspectiva técnica más rigurosa. La SNMPE ha expresado su temor ante lo que consideran una amenaza inminente para la formalización minera y un incentivo para invasiones ilegales a concesiones formales.
Con este contexto tan complejo y lleno de incertidumbres, queda claro que el futuro inmediato de la minería en Perú dependerá no solo del resultado legislativo sino también del compromiso político con un desarrollo sostenible y regulado del sector.
