Un cambio significativo en el sistema previsional
La reciente decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú ha generado un gran revuelo en el ámbito laboral y previsional. A través del Decreto Supremo N.° 061-2026-EF, se ha oficializado la exclusión de los trabajadores independientes del aporte obligatorio a pensiones, una medida que muchos consideran un retroceso en la lucha por una mayor inclusión social.
Este cambio se produce en un país donde más del 70% de la fuerza laboral opera en la informalidad. La obligatoriedad de los aportes para trabajadores independientes era vista como una herramienta clave para ampliar la cobertura del sistema previsional, que actualmente beneficia principalmente a aquellos con empleos formales. Sin embargo, ahora estos trabajadores podrán optar por afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, pero sin ninguna obligación.
Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), ha expresado su preocupación sobre esta medida, argumentando que debilita los incentivos para fomentar una cultura de ahorro previsional entre los peruanos. “Esta decisión va en contra de lo que se requiere para avanzar hacia un futuro financiero más seguro”, afirmó.
La falta de obligatoriedad podría llevar a muchos jóvenes a postergar sus ahorros para la jubilación, ya que tienden a ver este aspecto como algo distante. Según datos del IPE, hasta el 2021, el 96% de los trabajadores independientes no estaban afiliados o no habían realizado aportes durante el último año. Esto pone en evidencia un problema estructural que podría agravarse con esta nueva normativa.
Noelia Bernal, profesora e investigadora en la Universidad del Pacífico, también critica esta decisión al señalar que elimina uno de los pocos mecanismos destinados a incluir a los trabajadores informales dentro del sistema previsional. “Este decreto solo refuerza el mensaje negativo hacia aquellos que buscan protección social durante su vejez”, comentó.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y actual director ejecutivo del Videnza Instituto, considera que esta medida refleja una debilidad institucional persistente y un retroceso significativo respecto a las reformas aprobadas anteriormente.
Aparte de las implicaciones sociales y económicas inmediatas, este cambio introduce incertidumbre regulatoria que podría afectar otros aspectos cruciales relacionados con la modernización del sistema previsional. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) había intentado abrir el mercado a nuevos actores sin éxito hasta ahora; esto podría cambiar si persiste esta inestabilidad normativa.
Sergio Espinosa, jefe de la SBS, ha indicado que están preparando un estudio sobre la situación actual del sistema para ofrecer propuestas concretas al nuevo gobierno entrante. Sin embargo, muchos expertos advierten que las reformas recientes han erosionado significativamente cualquier avance logrado anteriormente.
