Un incidente alarmante
La reciente deflagración ocurrida en el kilómetro 43 del ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha desatado una serie de interrogantes sobre las condiciones de seguridad y los protocolos de mantenimiento empleados por la empresa. Este trágico evento, que dejó a miles sin acceso a gas natural en Lima y otras ciudades costeras, ha sido calificado como un posible resultado de un error humano.
Días después del incidente, dos operarios que se encontraban realizando trabajos en la válvula del ducto compartieron su experiencia aterradora. Ismael Villavicencio, uno de ellos, relató cómo lograron escapar justo antes de la explosión. “Acabamos de escapar de la explosión… Gracias a Dios hemos escapado”, expresó visiblemente conmocionado.
Las imágenes aéreas tomadas tras el siniestro muestran excavaciones y manipulación evidente en el área afectada, lo que refuerza la teoría de que la deflagración no fue un accidente espontáneo. Expertos consultados han señalado que las evidencias visuales apuntan hacia una intervención humana, sugiriendo que el incidente podría haber sido causado por una mala praxis durante las labores de mantenimiento.
Ante esta situación, la Fiscalía Provincial de La Convención ha iniciado una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades por delitos relacionados con contaminación ambiental y atentados contra la seguridad laboral. El fiscal Óscar Benavides Luna confirmó que el personal estaba presente en el lugar al momento del siniestro y fueron evacuados inmediatamente.
A pesar del creciente clamor público por respuestas claras sobre lo sucedido, TGP ha declarado no conocer aún la causa raíz del accidente debido a las dificultades para acceder al área afectada por las llamas persistentes. Sin embargo, este silencio ha generado más dudas entre los afectados y expertos en seguridad industrial.
El impacto inmediato se siente entre taxistas e industrias locales que dependen del suministro constante de gas natural. La falta de este recurso esencial está causando estragos económicos y sociales en varias comunidades costeras. Las autoridades locales están bajo presión para garantizar un suministro seguro mientras se esclarecen los hechos detrás del desastre.
