Un domingo electoral marcado por la ineficiencia
Las elecciones del pasado domingo en Lima se convirtieron en un verdadero desafío logístico, revelando fallas críticas en la planificación y ejecución de uno de los procesos democráticos más importantes del país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha enfrentado severas críticas tras los retrasos en la instalación de mesas, lo que dejó a millones de votantes esperando sin poder ejercer su derecho al sufragio.
La ONPE atribuyó estos inconvenientes a Servicios Generales Galaga, la empresa encargada del transporte del material electoral. Sin embargo, esta explicación superficial no aborda el problema fundamental: ¿por qué se eligió a un proveedor que apenas días antes estaba buscando camiones para completar su flota?
El fiasco logístico no es un accidente aislado, sino el resultado predecible de un sistema estatal que prioriza criterios como el menor precio y el cumplimiento documental sobre la capacidad operativa real. Este enfoque ha permitido que empresas con escasa infraestructura ganen contratos complejos, trasladando así el riesgo operativo al Estado y, por ende, a los ciudadanos.
A nivel internacional, empresas como DHL o FedEx han elevado la logística a una ciencia exacta, gestionando miles de envíos diarios con trazabilidad en tiempo real. En contraste, Perú cuenta con empresas locales altamente sofisticadas que podrían haber manejado este tipo de operaciones críticas. La pregunta es: ¿por qué no se les seleccionó?
No solo el transporte fue problemático; también hubo reportes sobre fallas en los equipos de impresión utilizados para procesar los resultados electorales. Desde falta de tinta hasta problemas técnicos graves extendieron la jornada electoral hasta altas horas de la madrugada. En cualquier empresa privada, tales errores serían inaceptables y resultarían en pérdidas significativas.
Este episodio pone de manifiesto un patrón preocupante: decisiones de contratación que ignoran los costos asociados al riesgo operativo. Mientras que en el sector privado un error logístico puede traducirse rápidamente en pérdidas y daño reputacional, en el ámbito público estos costos tienden a diluirse sin consecuencias inmediatas.
La conclusión es clara: si el Estado desea llevar a cabo operaciones complejas como unas elecciones en una ciudad con más de diez millones de habitantes, debe evolucionar su sistema de compras públicas hacia uno más inteligente y capaz. No basta con ser transparente; es esencial priorizar experiencia y confiabilidad para evitar futuros episodios caóticos.
