Un nuevo desafío para la Municipalidad de Lima
La reciente declaración de default por parte de Rutas de Lima, la empresa encargada de la operación de las principales vías concesionadas en la capital peruana, ha generado una ola de preocupación tanto entre los ciudadanos como entre los inversionistas. Con un incumplimiento que asciende a aproximadamente US$500 millones, este escenario plantea serias interrogantes sobre el futuro del sistema de peajes y su impacto en la infraestructura urbana.
S&P Global Ratings ha rebajado la calificación crediticia de Rutas de Lima a “D”, lo que indica un incumplimiento total. La empresa solo ha logrado cumplir con cerca del 6% de sus obligaciones financieras, equivalentes a unos S/1.800 millones. Esta situación se agrava al considerar que la deuda fue emitida hace más de diez años y se había convertido en una referencia importante dentro del mercado local.
El caso no solo afecta a Rutas de Lima, sino que también pone en jaque el modelo de asociaciones público-privadas (APP) en Perú. La estabilidad contractual y la previsibilidad en los ingresos son esenciales para mantener el financiamiento a largo plazo, algo que ahora se encuentra bajo amenaza. Las decisiones tomadas durante la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga han sido señaladas como factores contribuyentes a esta crisis.
Aparte del impacto directo sobre Rutas de Lima, esta crisis también repercute en el sistema financiero peruano. Fondos de pensiones locales tienen una exposición significativa a estos instrumentos financieros, lo que podría generar presiones adicionales sobre las instituciones involucradas. La falta total de flujo operativo complica aún más cualquier intento futuro de reestructuración.
A medida que las tensiones aumentan, Brookfield Asset Management, matriz de Rutas de Lima, ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano por un monto cercano a US$2.700 millones, alegando una supuesta expropiación relacionada con la concesión. Este conflicto añade otra capa compleja al ya complicado panorama financiero.
La Municipalidad Metropolitana enfrenta ahora el reto monumental no solo de resolver este conflicto específico, sino también gestionar las consecuencias más amplias derivadas del colapso financiero. La continuidad del servicio público, así como la confianza entre los inversionistas y ciudadanos son factores críticos que deben ser abordados con urgencia.
