Un rescate que no resuelve
Petro-Perú, la petrolera estatal, ha sido objeto de múltiples transferencias financieras en los últimos años, alcanzando un total de US$4.764 millones entre 2022 y 2025. A pesar de este apoyo económico, la empresa continúa enfrentando una grave crisis financiera y administrativa. Los recursos destinados a su rescate han generado un alto costo de oportunidad, dejando de lado importantes proyectos sociales que podrían haber beneficiado a la población peruana.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el apoyo financiero a Petro-Perú ha costado al Estado aproximadamente S/32.100 millones desde 2013. De esta cifra, más del 60% se ha concentrado en los gobiernos recientes, incluyendo los de Pedro Castillo, Dina Boluarte, y José Jerí. Este dinero podría haber sido utilizado para financiar programas sociales cruciales como Juntos y Pensión 65, multiplicando su impacto en la reducción de la pobreza.
Carlos Casas, exviceministro de Economía, destaca que con estos fondos se podría haber incrementado la inversión pública en un 40%, lo que habría permitido duplicar o incluso triplicar el presupuesto destinado a áreas críticas como seguridad ciudadana y desarrollo infantil temprano. Por ejemplo, con casi S/20.000 millones se podrían haber construido hasta 260 colegios de alto rendimiento.
A pesar del último rescate financiero aprobado mediante el Decreto de Urgencia 003-2026 por US$2.000 millones, los expertos advierten que estos recursos solo servirán para cubrir pagos inmediatos y no resolverán los problemas estructurales que enfrenta Petro-Perú. La empresa reportó pérdidas acumuladas superiores a US$2.576 millones en cuatro años y su deuda total es casi cuatro veces mayor que su patrimonio.
Pese a las inyecciones constantes de capital público, especialistas como Martín Valencia subrayan que sin una estrategia clara para reestructurar la compañía o privatizarla adecuadamente, estas transferencias seguirán siendo un mero parche temporal. “Es necesario encontrar un equilibrio entre mantener operativa la empresa y evitar seguir inyectando recursos sin un plan claro”, afirma Valencia.
A medida que el gobierno considera solicitar créditos suplementarios para garantizar obras públicas y elecciones subnacionales, surge una pregunta crítica: ¿cuánto más puede soportar el erario público? La situación actual plantea serias dudas sobre la viabilidad futura tanto de Petro-Perú como del manejo fiscal del país.
